Reto continuo de personas con impedimentos

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Por: Yarithza Liceaga López

A pesar de los avances que se han logrado durante los últimos años para las personas con impedimentos, aún falta mucho por progresar. Tal es el caso de las personas que se benefician de la Defensoría de Personas con Impedimentos (DPI).  Agencia de Gobierno que busca proteger los derechos de la población con impedimentos físicos, mentales o sensoriales y atender sus problemas, necesidades y reclamos. ​Sin embargo, esta institución ha presentado dificultades en los últimos años.  

Actualmente, la DPI enfrenta una cancelación de fondos federales, esto porque no han podido comprobarle al gobierno federal la capacidad para manejarlos. La cancelación de los fondos daría fin a la administración de estos programas bajo la DPI. El director interino, el Lcdo. Juan José Tronche, afirmó en una entrevista para A Cuentagotas que para el primero de julio de 2023 los fondos se procederán a cancelar.

¿Qué es la Defensoría de Personas con Impedimentos?

La Defensoría de Personas con Impedimentos se creó bajo la Ley 158 de 2015. La agencia se compone de varios programas que benefician a personas con distintos impedimentos. La DPI se dispone de los siguientes programas: 

• Protección y Defensa de los Derechos de los Beneficiarios del Seguro Social por Incapacidad: Atiende las necesidades de empleo de las personas acogidas al Social Security Disability Insurance (SSDI). Las funciones consisten en proveer consejería y representación legal cuando sea necesario para proteger el derecho de las personas con impedimentos; identificar y corregir las deficiencias existentes en las entidades que proveen servicios de empleo. También, dispone asistencia y representación individual en la búsqueda de los servicios de Rehabilitación Vocacional, información relacionada a las redes de empleo y otros servicios. Además, patrocina el acomodo razonable en el lugar de empleo, brinda asistencia con los servicios de empleo y servicio de transición.  

• Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimento: Proveer información sobre el proceso electoral y sobre los derechos de las personas con impedimentos en el mismo; orienta sobre los acomodos a los que tienen derecho en el proceso electoral y los identifica. Además, corrige las posibles deficiencias en el proceso. Así pues, la meta consiste en lograr accesibilidad total para las personas con impedimentos en el proceso electoral y eliminar las barreras físicas. 

• Asistencia al Cliente de Rehabilitación Vocacional: Asesorar y orientar a los participantes o solicitantes del programa de Rehabilitación Vocacional acerca de los servicios a los que tienen acceso mediante la Ley pública 93-112 según enmendada. También, las gestiones a realizar en proyectos, programas y servicios de rehabilitación; disponen de los recursos administrativos, legales u otros remedios alternos para garantizar la protección de sus derechos y dispone de ayuda técnica a las Agencias en sector público y privado.  

• Protección y Defensa de las Personas con Deficiencias en el Desarrollo: Proteger los derechos de las personas con deficiencia en el desarrollo y provee servicios de orientación, asistencia profesional, remedios administrativos, legales u otros remedios alternos para garantizar la protección de sus derechos. Por otra parte, intercede en situaciones donde se observe violación o incumplimiento con un servicio. Además, proporciona tratamientos y habilitación adecuada para su deficiencia y cualquier otro servicio para maximizar el potencial de su desarrollo. 

• Protección y Defensa de las Personas con Condiciones Mentales: Protege y aboga por las personas con condiciones mentales o emocionales significativas, según determinado por un profesional de la salud mental. Investigan incidentes sobre abuso y negligencia contra personas con condiciones mentales o emocionales significativas, ocurridas mientras se esté recibiendo o haya recibido tratamiento en la facilidad. También, utilizan remedios administrativos, legales u otros remedios alternos para garantizar estos derechos. 

• Protección y Defensa de los Derechos de las Personas con Impedimentos: Provee servicios de orientación, referidos a programas y servicios disponibles bajo las leyes estatales y federales vigentes. Así pues, protege y aboga por los derechos humanos y legales de las personas con impedimentos. Además, investiga y ofrece asistencia técnica para la eliminación de barreras arquitectónicas. Por otro lado, promueve orientaciones de investigación sobre acomodos razonables y discrimen en el empleo. 

• Protección y Defensa de las Personas con Lesión Cerebral Traumática: Protege los derechos de personas con lesiones cerebrales traumáticas diagnosticadas por especialistas autorizados. Ofrece tratamiento y habilitación adecuada para sus deficiencias y cualquier servicio diseñado para maximizar el potencial de su desarrollo. Asimismo, interceden en situaciones donde se observe violación o incumplimiento con un servicio y tomar acción en caso de violación de derechos. 

• PAAT (Protection & Advocacy Assistive Technology): Ofrece todo tipo de equipo o servicio que puede ser usado para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimentos. Es decir, son cualquier artículo, pieza de equipo o producto ya sea adquirido comercialmente, modificado o hecho a la medida, que se utilice para aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de las personas con impedimentos. 

Actualmente, la DPI enfrenta una cancelación de fondos federales, esto porque no han podido comprobarle al gobierno federal la evidencia de las acciones correctivas a las que se habían comprometido en el 2017 así se establece en la Ley 64 de 2021.En el 2021 se firmó la Ley 64 conocida como Oficina de Protección y Defensa de Personas con Impedimentos de Puerto Rico. Lo que indica que la institución funcionará como una entidad independiente que opere exclusivamente bajo las leyes federales para administrar los fondos y manejar los programas. Esto propone asegurar que los fondos no aparezcan como “alto riesgo” y desea garantizar la protección y defensa de esta comunidad. Por otra parte, uno de los problemas que enfrenta esta institución es la falta de estadísticas exactas de las necesidades de las personas con impedimento, para el 2022 se estimaba que, de 3,000,000 de habitantes en la isla 700,000 personas presentaban uno o más impedimentos, dato recuperado por el censo federal. 

Beneficiarios de la Defensoría de Personas con Impedimentos

“Gracias a este programa logré votar, luego de unos 8 años sin realizarlo”, afirmó Awilda Irizarry.

Awilda Irizarry es una beneficiaria de la DPI a través del programa de Protección y Defensa de los Derechos de los Electores con Impedimentos. Irizarry es una persona de edad avanzada y presenta dificultad para mover sus piernas lo que ha dificultado el derecho de ejercer su voto desde hace varios años. Por medio del programa de la DPI tuvo la oportunidad de ejercerlo desde su hogar en las elecciones del 2020. Al momento de realizar su voto le brindaron el espacio pertinente para realizar el mismo. Desea seguir recibiendo esta ayuda y espera que no se vea afectada ante el cambio de institución. 

Guillermina Vargas se benefició del programa para el mismo año y expone que el servicio fue uno de excelencia. Sin embargo, presenta preocupación ante el hecho de que los fondos permanezcan en estado de alto riesgo. Vargas espera que la nueva Ley brinde estabilidad a estos fondos y a los programas que manejan. 

Aunque muchas personas se benefician de estos programas, hay otras a quienes el servicio se les ha negado. Yolimar Sosa buscó ayuda del programa de Asistencia al Cliente de Rehabilitación Vocacional, más cabe mencionar que no obtuvo el servicio esperado. Rehabilitación Vocacional le negó la ayuda porque su condición Amblyopia y estrofia en su ojo izquierdo (parcialmente ciega) no era clasificada como una que deba recibir ayuda económica, esto por sus estudios universitarios. Sosa se presentó ante el programa de Asistencia al Cliente de Rehabilitación Vocacional y le indicaron que ellos no podían realizar nada, por lo que nunca recibió los fondos. 

Se espera que con la ley 64 de 2021 se logre la estabilidad para estos fondos y que se dé fin a la clasificación de “alto riesgo”. Además, los beneficiarios de estas ayudas desean que el funcionamiento de los programas mejoren a cargo de la Oficina de Protección y Defensa de Personas con Impedimentos. Se anhela un manejo de fondos federales sanos para el beneficio de la comunidad con impedimento.