Foto obtenida por el periódico El Nuevo día
Por: Keliane M. Jiménez Guerrero
Puerto Rico, país que ha enfrentado escasez de vivienda por muchos años. Este es un problema social y comunitario con el cual los puertorriqueños siguen lidiando hasta el día de hoy. Han sido muchos los factores que han provocado esta escasez y, sin duda, el paso de los huracanes Irma y María en conjunto con la pandemia del COVID-19 y la pobreza del país han sido uno de ellos.
“Las personas mayormente afectadas ante esta situación lo han sido las familias de ingresos bajos y moderados ya que tienen que competir por unidades de vivienda en Puerto Rico con personas de ingresos más altos”, mencionó la periodista, Maritza Cañizares, para reportaje especial de Noticentro.
Martha Quiñones, catedrática de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo (UPRA) y expresidenta de la Asociación de Economistas, indicó que las personas con mayor poder adquisitivo tienen la oportunidad de comprar viviendas a precios más asequibles y además de eso no pagarían impuestos, aplicando la ley 22.
“Gracias a esa ley empezó a incrementar el precio de las viviendas, porque muchas de las personas que estaban buscando un hogar vieron la posibilidad de sacarle más dinero a ese espacio. Incluso, muchas personas vieron la posibilidad de restaurar las viviendas abandonadas y alquilarlas a través de Airbnb”, expresó Quiñónez.
Además, la Catedrática mencionó que la existencia de esa ley hizo que muchas de las viviendas que anteriormente estaban como apartamentos o cercas de lugares estratégicos como playas, lagos o lugares turísticos, dejarán de ser viviendas en alquiler a largo plazo y se convirtieran en viviendas de alquiler a corto plazo, dándole mayor rentabilidad a los dueños de esa propiedad y quitándole la posibilidad de adquirir una vivienda a los ciudadanos del país.
Como resultado de dicha situación, muchos puertorriqueños han sido desalojados de sus viviendas a través de cartas, ya que sus edificios han sido comprados por extranjeros quienes llegan a remodelar el lugar. Lo que provoca que estas personas cuando regresen a sus hogares tengan que costear una renta mucho más costosa y elevada a la que tenían anteriormente.
Quiñónez aseguró que el gobierno y sus agencias no están realizando el trabajo correspondiente ante la situación, “Como es el caso de Quebradillas, donde había un grupo de personas que vivían alquiladas en un edificio muy bonito, donde tenían vista al mar y de repente reciben una carta de que fueron desalojados todos y el gobierno no está haciendo nada para proteger esta gente, porque dentro de su filosofía ellos no tienen que intervenir”. Nos indica que cuando las personas afectadas buscaron el amparo de la ley 22, esta no tenía ninguna protección al ciudadano común ante la gentrificación que se estaba dando.
Es a causa de estos problemas que han enfrentado los residentes de la isla en conjunto con los huracanes y la pandemia, que ocasionó que muchos de los puertorriqueños tomaran la decisión de emigrar hacia otros países en busca de una mejor calidad de vida. Lo que ha ocasionado que los bancos se apropiaran de muchas de estas viviendas que quedaron desalojadas, ya que se encontraban disponibles para ser compradas, y se comenzaron a vender a precios altos, a nivel internacional y a extranjeros.
Posibles soluciones
Según mencionó Quiñónez, una posible solución ante este problema social y comunitario podría ser la creación de medidas legislativas que tengan peso de ley y protejan a las personas de ingresos bajos y moderados. Además de que se genere y haya una cantidad de viviendas que sean dedicadas exclusivamente al alquiler de largo plazo o de venta a las personas de Puerto Rico.
“Es importante asegurar que los porcientos de los edificios de departamentos no sean todos para Airbnb, si no que sean para residencias, porque si se alquilan todos como Airbnb las personas pierden la posibilidad de adquirir una vivienda. Incluso, deben tener rentas que sean módicas y rentas asequibles para el pueblo de Puerto Rico”, añadió la Catedrática.
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