Por: Dra. Rebecca Ramos Sánchez, MD
Pediatra Certificada por el
American Board of Pediatrics
La escasez de pediatras en Puerto Rico representa un desafío significativo para garantizar el acceso adecuado a servicios de salud para los niños y adolescentes, creando largas esperas y mayores dificultades para conseguir citas. Esto, a su vez, genera ansiedad de parte de padres y familiares por buscar atención médica y carga innecesariamente el servicio de emergencias de nuestro país.
Son muchas las posibles razones que podemos atribuir a esta falta, pero cabe destacar alguna de ellas. Primeramente, en los últimos 10 años ha habido más pediatras retirados de prácticas privadas que pediatras que comienzan una práctica nueva. Según estadísticas del Colegio de Médicos de Puerto Rico en 2023, sobre el 50%-75%
de los pediatras de la isla supera los 50-65 años.
Por otra parte, los bajos honorarios en los servicios médicos pediátricos reducen el atractivo de esta especialidad para los médicos recién egresados. Al contrastar la compensación económica de la atención pediátrica con la de los mismos servicios orientados a pacientes adultos, la primera representa apenas cerca de una cuarta parte de la segunda. Como consecuencia, los pediatras se ven obligados a extender sus jornadas laborales, incrementar el volumen diario de pacientes o tener varios empleos para aproximarse a los ingresos de la medicina de adultos, factores que detonan de manera directa el desgaste profesional (burnout).
Debido a que la tasa de retiro de los profesionales supera a la de los nuevos ingresos en la fuerza laboral, la dinámica demográfica es clara: existe un volumen creciente de pacientes infantiles desatendidos por un número cada vez más reducido de especialistas.
Por otro lado, la relación con las aseguradoras médicas agrava el problema, ya que estas imponen las tarifas de pago para casi todos los procedimientos. Estas tasas no se actualizan en años; de hecho, hay casos reales donde una cita de rutina/preventiva de media hora se paga a solo 21 dólares (costo compartido entre el paciente y el seguro), una cifra sumamente baja para el tiempo invertido. Además, las aseguradoras tienen el poder de denegar el reembolso de procedimientos de forma arbitraria, a pesar de que el médico ya los haya realizado. Si bien esta problemática no afecta únicamente a la pediatría, su existencia agrava una situación económica que de por sí ya se encuentra bajo una severa presión. De hecho, es gran parte de la causa por la que muchos pediatras han dejado de vacunarse, porque los costos de la vacunación pueden llegar a superar el reembolso del plan médico.
Un factor sistemáticamente ignorado es la falta de conocimiento en desarrollo económico y gestión empresarial dentro del gremio médico. A lo largo de un prolongada formación académica, se omite el aprendizaje sobre administración de
consultorios y auditoría de planes médicos, obligando a los profesionales a adquirir destrezas administrativas mediante el método de ensayo y error, lo que genera cuantiosas pérdidas financieras. En consecuencia, se instruye al médico en el altruismo, pero se le priva de las herramientas para defender el valor económico de su labor.
Además, las barreras burocráticas asociadas a la obtención de permisos y a la contratación por parte de las aseguradoras convierten la apertura de un nuevo consultorio pediátrico en un proceso sumamente complejo. Por esta razón, la mayor parte de los pediatras generales que eligen permanecer en la Isla optan por el empleo
o contratación en corporaciones de salud de mayor envergadura, tales como instituciones hospitalarias, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) o departamentos de emergencias.
Resolver esta crisis de escasez de pediatras requiere una reestructuración urgente que
mitigue la asfixia financiera y burocrática; dejar de ver la pediatría como un servicio
infravalorado y empezar a protegerla como el pilar fundamental que es para el futuro de
la salud pública del país.
